EDUARDO BARRACHINA
Londres 09/09/22
Una sucesión fiel a la ley y al Parlamento británicos
Desde 1701, la «Settlement Act» rige cómo se traspasa la corona tras la muerte o renuncia del rey.
De las muchas especies y mitos urbanos que sobre los ingleses han recorrido el solar hispánico, habían dos que de alguna manera hallaron honda raigambre. Una sostenía que la Reina Isabel II tenía que hacerle la reverentia omnia plena a la Duquesa de Alba porque ésta era la aristócrata con más títulos del Reino, lo que era completamente absurdo porque una reina no se arrodilla nunca ante una duquesa. La segunda leyenda, muy célebre en los 90 era que la Reina Isabel II se planteaba cambiar el orden de sucesión a la Corona para saltarse al entonces Príncipe Carlos.
Eran tiempos de tribulaciones, vergüenzas e intromisiones escandalosas de los tabloides británicos en la vida de la Familia Real británica. Muchos creían que a modo de amonestación, la Reina podía alterar la sucesión a la Corona de modo que los derechos al trono del entonces Príncipe Carlos pasaran directamente a su hijo Guillermo.
Por desgracia, aunque es inevitable, el hecho sucesorio ha ocurrido y como era de esperar, ha funcionado con precisión británica tal y como está previsto en la ley. Aunque los ingleses tienen una natural disposición a la norma no escrita y la jurisprudencia es fuente de derecho, entendieron hace más de tres siglos que lo razonable era dejar las cosas claras en estos asuntos.
Parlamento soberano
En el sistema constitucional británico, la soberanía reside en el Parlamento, no en el pueblo y en consecuencia no existen conceptos tan revolucionarios como la soberanía nacional. Su doctrina más importante y axis de su vida política es que el parlamento es soberano. Sus leyes no se tocan. No hay Tribunal Constitucional y ni siquiera el monarca inglés puede enmendarlas, lo cual no sorprende a nadie en una monarquía constitucional.
Por eso el orden sucesorio no podía cambiarlo ni la Reina. Sólo el Parlamento. La Ley que lo regula es la Settlement Act (Ley de Instauración) de 1701. Es una ley diseñada con tres propósitos claros: incorporar la reinante dinastía protestante de los Hannover, evitar el acceso de los católicos al trono británico y naturalmente, proveer de un sistema sucesorio ordenado y previsible.
Las normas de sucesión son normas políticas y son siempre testimonio de las inquietudes, recelos y miedos históricos del momento. En el caso inglés, la norma venía inspirada por temor a que volviera una dinastía católica como los Estuardo. Aunque mucho más sutil, España no es ajena a recelos dinásticos y el propio artículo 57.1 de la Constitución española, cuando se refiere a Don Juan Carlos I habla de “legítimo heredero”, cerrando de un tajo cualquier pretensión de otras dinastías o familias que pudieran declararse más legítimas.
La reforma anglicana
Pues bien, muchos de los aspectos que aún hoy rodean la vida pública británica traen causa del cisma anglicano cuando el rey Enrique VIII, deseoso de un heredero y desesperado por la ausencia de alternativas canónicas a su situación, negara en 1533 la autoridad del Papa al declarar unilateralmente la nulidad de pleno derecho de su matrimonio con Catalina de Aragón. Tras la toma de esa decisión, el Reino Unido se sumó, acaso sin pretenderlo a una reforma religiosa que alteró para siempre la historia y geografía política de Europa.
En la Reforma anglicana, y frente a lo que se suele pensar, Enrique VIII sólo estaba preocupado por lograr tener un hijo varón con Catalina de Aragón y asegurar así su descendencia. Al contrario que la luterana, no fue una cuestión propiciada por debates teológicos de clérigos, al menos en su génesis, sino más bien una cuestión de supervivencia de la dinastía reinante. Probablemente Enrique VIII se vio abocado a una reforma eclesiástica que él en principio no buscó y que explica todas las intrigas, cambios de dinastía, martirologio y disposiciones religiosas, legales y sucesorias que vinieron después.
El cisma inglés del siglo XVI y la división que entrañó todavía palpitaban en lo que llaman Gorious Revolution en 1688 y que expulsó para siempre al monarca católico Jacobo II, de la dinastía de los Estuardo. En ese hábil golpe, no sólo se cambió de dinastía y de religión sino que el parlamento adquirió mayores poderes y prerrogativas sembrando las bases para la monarquía constitucional. Por eso, cuando se aprueba la Settlement Act de 1701 la principal obsesión no es sólo garantizar una monarquía de corte protestante sino también evitar nuevas guerras de religión zanjando la cuestión con aquella radical disposición que impedía a los católicos acceder al trono o incluso el matrimonio de miembros de la familia real con católicos.
Restricción derogada con Cameron
Esa restricción estuvo vigente hasta 2013 cuando en tiempos de David Cameron, fue derogada con bastante naturalidad. Se eliminó también la preferencia por la primogenitura del varón aunque a la vista del orden sucesorio actual con dos varones jóvenes es probable que tarde bastante en aplicarse.
La sucesión a la corona inglesa no es una cuestión meramente doméstica y alcanza geográficamente desde el Caribe británico hasta la remota Papúa Nueva Guinea en Oceanía pasando por Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Ello explica que cada vez que se reforma la Settlement Act se debe contar con el concurso y aprobación de todos los países en los que el monarca inglés es Jefe de Estado.
Como se ve, todos los cambios se han hecho en y por el Parlamento, custodio de la soberanía de los británicos. La sucesión es clara y no se discute y ayer mismo cuando el Palacio de Buckingham anunció el fallecimiento de Isabel II, añadió una frase final, aparentemente sencilla pero con un significado constitucional gigante: “El Rey y la Reina permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana”. En esta frase tan natural se condensa toda la sucesión.
EDUARDO BARRACHINA es Presidente de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, Abogado y Solicitor
